En sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, del congreso del estado de Guanajuato, se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato con la que se busca establecer el acoso sexual como una falta administrativa grave de las personas servidoras públicas.
La diputada María Eugenia García Oliveros manifestó que la iniciativa analizada contribuye a fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción, a garantizar la integridad en el servicio público y garantizar la ética.
Añadió que era imprescindible que se legisle a favor de la protección, salvaguarda y dignidad de las mujeres guanajuatenses.
“La violencia que viven las mujeres se hace presente en cualquier entorno laboral y se tiene que combatir en todos los espacios, incluyendo las oficinas de gobierno”.
El dictamen se aprobó en lo general. En lo particular, la diputada Susana Bermúdez Cano y el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero anunciaron reservas que se revisarán en la siguiente sesión.
