Durante la 8ª Reunión Nacional de Búsqueda de Personas con Autoridades y Familias de Personas Desaparecidas, la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo refrendó el compromiso de trabajar con apertura y coordinación.
“La voz de las madres buscadoras tienen que ser escuchadas en todos los rincones del país y, en Guanajuato, siempre van a encontrar un espacio para que sus voces sean escuchadas. Aquí siempre van a tener las puertas abiertas cuando quieran venir a hacer valer sus causas, porque aquí les acompañamos y sabemos que la tarea del estado es poner todas las condiciones para que aquellos y aquellas que nos faltan regresen y que las desapariciones no se repitan”, señaló la Mandataria.
Participaron en esta ocasión colectivos, familiares, fiscalías especializadas, comisiones de búsqueda, organismos de derechos humanos y representantes de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
La reunión es organizada por la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas y la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas y se realiza cada 3 meses en diferente estados del país.
Este año, en Guanajuato, se han efectuado recorridos en 214 centros de rehabilitación, así como jornadas de identificación mediante toma de huellas dactilares en albergues y con personas en situación de calle.
Las autoridades señalan que existe una versión pública del Registro Estatal de Contextos de Hallazgos, se impulsa la instalación de Unidades Municipales de Atención a Víctimas y se sostiene diálogo con familias. Además de que se aprobó un Mecanismo Emergente de Protección para Mujeres Buscadoras y se han fortalecido convenios para garantizar una atención integral a las víctimas.
“En nuestro estado hemos reformado la Constitución para considerar como personas defensoras de derechos humanos a las madres buscadoras y con ello, darles toda la protección del Estado, para que ellas puedan llevar a cabo su función”, expresó la Gobernadora.
Guanajuato mantiene vigente el convenio de coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para acceder a recursos federales destinados al fortalecimiento de capacidades de búsqueda, identificación y atención a víctimas. En abril de 2026 entraron en vigor reformas a la Ley que fortalecen la coordinación institucional, participación de familias y la activación de protocolos.
Para esta 8va. Reunión se contó con la participación de 58 autoridades y 281 familias provenientes de 23 estados del país; además participó Javier Espinoza, de la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas RIAPD; Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno; María Concepción Sierra, de la Red Internacional de la Búsqueda de Personas y Líder de Luz y Justicia; y Alan García Campos, Oficial de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y Coordinador de la Unidad de Mesa y Justicia.
Así como María Álvarez Rodríguez de la Coordinación de la Unidad de la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México; Noemí Sánchez Alatorre, Directora de Investigación y Registro Forense de la Comisión Nacional de Búsqueda; Lucía Berenice Acosta Gómez, Fiscal Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares de la Fiscalía General del Estado.
También asistieron representantes de Comisiones de Búsqueda, de Víctimas, de Derechos Humanos y Fiscalías especializadas de los estados de: Guanajuato, Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas; y representantes de Universidades de Aguascalientes y San Luis Potosí.
